Gobierno, Justicia y Parlamento de Uruguay enfrentados por el autor de tres homicidios
Un menor uruguayo de 17 años apodado "El Pelón", asesinó en siete meses a tres personas.
Este caso ha enfrentado al Gobierno, la Justicia y el Parlamento uruguayo porque entre ellos se acusan y responsabilizan de lo ocurrido.
El 30 de diciembre de 2010, "EL Pelón" había salido de un correccional, aunque se encontraba a esperas de otro juicio por el homicidio que había cometido el 26 de octubre de ese mismo año.
El 3 de enero de 2011, disparaba a un repartidor de alimentos porque se resistió cuando intentaba robarle.
Pero su primer asesinato conocido lo cometía en junio de 2010, tras una larga lista de robos, consumo de drogas y agresiones, que fueron las que lo llevaron en repetidas ocasiones a centros correccionales.
Según la legislación uruguaya, el Código de la Niñez y la Adolescencia otorga a los jueces que actúan en casos de menores, 60 días para dictar sentencia mientras dura el ingreso provisional de los adolescentes.
Sin embargo, en el caso de los mayores de edad, la ley no especifica el tiempo para que los jueces dicten sentencia y la prisión provisional se puede retrasar ilimitadamente.
La polémica está servida, ya que desde el primer homicidio se conocían los antecedentes del menor.
El Gobierno, a través de su ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha mostrado su malestar por lo ocurrido, responsabilizando al juez del caso.
Eduardo Bonomi asegura que tiene intenciones de endurecer las sanciones para los menores que cometen delitos graves, porque actualmente son ingresados en centros correccionales pero no pueden ser enviados a prisión hasta los 18 años. Estas intenciones de penar con más rigor a los menores delincuentes ha generado discrepancias.
Jorge Larrieux, presidente interino de la Suprema Corte de Justicia, ha considerado que el juez del caso "en principio no tiene responsabilidad porque los 60 días transcurrieron con actividad procesal útil", se´gun ha declarado a algunos medios locales.
"Si se practicaron citaciones a testigos y pericias y transcurrieron los dos meses, el juez tiene que cumplir con la ley y liberar al menor", añadió.
Pero los jueces responsabilizan al Parlamento y se quejan de que 60 días para dictar sentencia es poco tiempo, según la legislación existente y que fue aprobada por los senadores.
También aducen que los abogados defensores recurren frecuentemente a recursos legales poco éticos para demorar el juicio y facilitar así la liberación de estos menores.
Pero la diputada socialista y ex ministra del interior, Daisy Tourne, ha afirmado que el plazo estipulado en el Código "es suficiente" para que los jueces "dicten sentencia".
Según afirma, "antes de las modificaciones legales las actuaciones judiciales se demoraban y cuando salían las sentencias los menores habían tenido más tiempo de internación provisional de lo que indicaba la pena".
El diputado del Partido Nacional, Gustavo Borsari, ha anunciado que convocará próximamente a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia y del Instituto del Adolescente para que den explicaciones sobre el caso de "El Pelón". Mientras tanto, El Gobierno, el Parlamente y la Justicia, se encuentran de vacaciones de verano, que en Uruguay tradicionalmente son en el mes de enero.
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